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Publicado en Wikidiario

El sol de julio aprieta en un aparcamiento cercano al Camp Nou. Carla toquetea su móvil resguardada en la sombra mientras espera a que pase algún hombre. Ecuatoriana, treinta años, transexual. Escote generoso. Trabaja de cuatro de la tarde a diez , “en buen horario y con clientes tranquilos”, asegura. No cambiaría la calle por un club, allí tendría que pagar comisiones, entregar un porcentaje de lo ganado y perder autonomía para organizar su jornada.

Su compatriota Gisela trabaja en el Raval y dice sentirse a gusto en el barrio. Conoce a todo el mundo y muchos la conocen a ella: cuarenta años, larga melena, cara risueña. En la calle goza de libertad de horarios y de elección, pues puede seleccionar a los clientes que suben a su cuarto. “Las casas de citas te dan menos margen”, explica. “Prostituirnos en la calle nos hace más libres”.

A partir de agosto, la ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Barcelona sancionará con más dureza a las prostitutas que ofrezcan sus servicios en la vía pública como Carla y Gisela. También a los clientes que se acerquen a ellas.

El sistema de multas no es nuevo –se imponen desde 2005-, pero la reciente modificación de la normativa facilita el proceso para penalizar los intercambios sexuales que se pacten en la calle: se ha eliminado el aviso policial previo a la amonestación y se ha ampliado el criterio para detectar infractores bajo la figura delcliente potencial. Las multas oscilarán entre los 100 y los 3.000 euros y serán más cuantiosas para ellos.

El Ayuntamiento también ha previsto que las prostitutas puedan conmutar las multas por cursos de reinserción. Diversas entidades auguran el fracaso de la medida, pues creen que agravará la situación del grupo más frágil: las mujeres víctimas de la trata tienen pocas posibilidades de asistir porque no tienen libertad de movimiento. “Acumularán multas hasta el día que decidan normalizar su situación, abran una cuenta en el banco y se encuentren con una deuda cuantiosa para empezar su nueva vida”, sostiene Clarisa Velocci, portavoz de Genera.

Según datos de la entidad, el 70% de las multas que han tramitado en los últimos cinco años han recaído en un círculo reducido de chicas que muestran indicios de prostitución forzada.

Mujeres invisibles

Giulietta es nigeriana, tiene veinticinco años y ejerce en el Raval desde hace dos, cuando perdió su trabajo en una fábrica de plásticos. Ella relativiza los efectos de la medida: “Si viene la Guardia Urbana me iré a otro sitio. Es imposible que desaparezcamos todas las chicas. Yo necesito el dinero para comer y pagar mi habitación”. En tiempos de crisis, es difícil buscar un trabajo alternativo.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, el órgano encargado de defender los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, ha advertido al Ayuntamiento de que la nueva medida pone en riesgo a muchas meretrices. “El propósito es conseguir la invisibilidad de la prostitución en la calle”, por lo que la actividad se desplazará “a pisos difícilmente controlables donde las mujeres son más vulnerables”, argumenta en un informe.

El resultado: chicas más desprotegidas y alejadas de las entidades que les prestan ayuda. “Si se quiere luchar contra la trata de blancas, que se persiga al proxeneta, no a las prostitutas y sus clientes”, argumenta Velocci, y recuerda que los intercambios sexuales remunerados están permitidos en España.

La convivencia entre meretrices y vecinos es otro de los puntos sensibles del debate. Gisela reconoce que hay compañeras que se ofrecen de forma descarada, tiran de los hombres y alzan la voz, pero no es la actitud dominante. “A mi me da vergüenza andar con agarrones. Los hombres se acercan, me miran y, si les gusto, pactamos de forma discreta y subimos”.

Otros conflictos como la suciedad -preservativos y toallitas abandonadas en la vía pública- o la indefinición de los horarios podrían mejorarse con procesos de mediación, sostienen desde Genera. Cuando más regulada esté la actividad de las prostitutas, más fácil será establecer normas de convivencia con los vecinos. Lo ideal sería que el Ayuntamiento delimitara una zona permanente en la que pudieran trabajar con garantías, considera Velocci.

El barrio rojo de Ámsterdam está en la cabeza de muchas prostitutas cuando se les pregunta por posibles soluciones al conflicto. A diferencia de Barcelona, algunas ciudades del norte de Europa han apostado por acotar y regularizar la actividad de sus meretrices. Sonia -29 años, Nigeria- trabajó en la capital holandesa antes de venir a España. “Allí es mucho mejor, las chicas tenemos un escaparate que nos protege, teléfono, televisión y un aseo para lavarnos. En plena calle siempre estamos más inseguras”. Ante la misma pregunta, Carla levanta la vista del móvil y expone sus deseos: “Ojalá nos dijesen en qué sitios podemos estar, nos permitiesen pagar el IVA, la Seguridad Social y convertirnos en unas trabajadoras más”.

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